Control estatal para la escasez, la historia repetida

Control estatal para la escasez, la historia repetida
No es la primera vez que se topan los precios y se emiten prohibiciones
al comercio en Cuba
viernes, febrero 26, 2016 | Alberto Méndez Castelló

LAS TUNAS, Cuba.- La escasa producción agropecuaria de Cuba, incapaz de
alimentar a su población por sí misma a pesar de sus más de 56 años de
"reforma agraria," hace a los mismísimos vicepresidentes de los consejos
de Estado y de ministros recorrer toda la isla, mientras los jefes
municipales, reunidos diariamente, con tanteos cuales palos de ciegos
corrigen ordenanzas emitidas apenas la semana anterior.

En la provincia Las Tunas, los carretilleros (vendedores ambulantes de
productos agrícolas), a partir de este mes debían comenzar a
comercializar sus mercancías a precios establecidos a través de una
lista oficial, según informó CubaNet.

Pero recientemente, en la "reunión diaria para analizar el abasto de
productos agrícolas" en el municipio de Puerto Padre, las autoridades
informaron a los carretilleros que "hasta el próximo 29 de febrero"
podían continuar comercializando sus productos a precios establecidos
por el mercado, como venían haciéndolo hasta la notificación de los
precios estatales.

Según informó la emisora local Radio Libertad, la medida está encaminada
a aligerar el inventario (existencia de mercancías) en manos de los
carretilleros y "reducirá el movimiento de productos frescos fuera del
control estatal".

Roy Molina Campos, primer secretario del Partido Comunista (PCC) en
Puerto Padre, aclaró a representantes de la Agricultura, Acopio y la
ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), presentes en una
reunión, que tal concesión –la hecha a los carretilleros hasta el
próximo día 29 para deshacerse de sus productos a precios de oferta y
demanda– "no incluye el trasiego masivo de viandas, granos y hortalizas
en medios particulares del campo a la ciudad", que ahora corre a cuenta
de la estatal empresa de Acopio.

Ya en la provincia Las Tunas las autoridades han decomisado mercancías
en traslado por "particulares del campo a la ciudad" e impuesto multas a
las personas que ejercían ese comercio.

Junto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los inspectores de
la gubernamental Dirección de Supervisión Integral (DIS), son los
encargados de operar contra las personas que incurran en "el trasiego
masivo de viandas, granos y hortalizas en medios particulares."

Por una ironía del destino, una conjunción histórica, o una vendetta de
larga data, es en la casa paterna del periodista Agustín Tamargo, un
anticastrista consumado fallecido en el exilio, defensor de la
democracia y el libre mercado, donde ahora la DIS tiene su sede
municipal en Puerto Padre.

Entre no pocos carretilleros e inspectores de la DIS existen relaciones
tensas por multas reiteradas. "Ellos (los inspectores) quieren que estén
(los carretilleros) en permanente movimiento, que no se estacionen en
las esquinas y por eso les han puesto multas de hasta 700 pesos (el
salario mensual promedio en Cuba es de poco más de 600); pero vea como
están las calles, llenas de huecos. ¿Cómo van a transitarlas con un
carricoche donde transportan 200 o 300 libras?", dijo a CubaNet Alexis
Guerrero, integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU),
quien ha protestado junto a los carretilleros en la sede del Gobierno
municipal por estas multas que consideran injustas.

Pero las protestas de los carretilleros en Puerto Padre por permanecer
en un sitio fijo en lugar de ir ambulantes, aunque inciden a la hora de
aplicar medidas gubernativas de carácter general –como esta de
obligarles a acatar precios oficiales de un día para otro–, con todo y
la ya mostrada capacidad de respuesta de los vendedores, pesa menos que
la explosiva carga de contenido social que entraña el desabastecimiento,
si ellos dejaran de funcionar también de hoy para mañana.

Al respecto un exdirectivo de Comercio dijo a CubaNet, a condición de
anonimato: "Esto es otro alarde del Gobierno para mantener al pueblo
entretenido y dislocarlo del verdadero problema, el del Gobierno que no
funciona; pero es el mismo perro con diferente collar; en los años 80
(del pasado siglo) cerraron el mercado libre campesino, dijeron que los
guajiros (agricultores) eran unos ladrones, que le robaban al pueblo, y
hasta les pusieron un nombre: 'bandidos de Río Frío'".

"Después, en los años 90 hicieron algo parecido, pero a los cabezas de
turco, a las víctimas de la cortina de humo los llamaron 'macetas';
conozco a un guajiro, Ramón Pérez, al que le confiscaron todas las
vacas, no le dejaron ni las espuelas a este vaquero. Y a un constructor,
Falco Martell, le quitaron desde los cubos hasta los andamios y lo
metieron preso por actividad económica ilícita", añade.

La fuente concluye que "ahora es igual, pero ahora no culpan a los
campesinos sino a los carretilleros y a quienes compran las cosechas a
los campesinos para luego venderla a los carretilleros".

Preguntados el campesino Ramón Pérez y el constructor Falco Martell por
este corresponsal acerca de las acusaciones contra ellos, en el caso del
primero la respuesta fue que, efectivamente, su ganado había sido
expropiado cuando la "ley de los macetas". El albañil Martell dijo que
ciertamente, había sido encarcelado por actividades económicas ilícitas
y todas sus herramientas incautadas, aunque poseía patente para ejercer
su oficio. Pero ambos entrevistados se negaron a hacer declaraciones al
respecto coincidiendo en que "aquello es mejor ni recordarlo".

Source: Control estatal para la escasez, la historia repetida | Cubanet
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