Un Concordato entre la Iglesia y el Estado?

¿Un Concordato entre la Iglesia y el Estado?
Acicate para pensar futuros posibles
Lenier González Mederos, La Habana | 02/05/2016 9:57 am

Algunas señales parecen indicar que el Gobierno cubano y la Iglesia
católica podrían encaminarse hacia la firma de un Concordato. Así parece
desprenderse de algunas de las conferencias pronunciadas en el Simposio
"Del Padre Varela al Papa Francisco: una Iglesia en salida", que
constituyó uno de los tres eventos con los que la Iglesia en Cuba
celebró los 30 años de la celebración del Encuentro Nacional Eclesial
Cubano (ENEC). Otro evento tuvo lugar en El Cobre, Santiago de Cuba, y
un tercero en la Ermita de la Caridad, en Miami. Además, hace poco
tiempo se publicó en la página web de Cuba Posible el texto
"Consideraciones sobre la libertad religiosa en Cuba", del jurista
Rafael Morales. En dicho texto el autor aboga (y él mismo esboza) una
propuesta de "marco legal" para el mundo religioso cubano que esté a
tono con las carencias en este ámbito y, además, esté a la altura de los
nuevos dinamismos de la sociedad cubana, a los cuales no escapa su
sistema socio-religioso.
La fórmula de un Concordato como elemento "pautador" de los derechos de
la Iglesia católica en Cuba y de sus vínculos con el Estado, ha sido un
sueño profundamente anhelado por un sector importante de la jerarquía
católica insular; y, además, siempre contó con apoyos sólidos en la
Secretaría de Estado vaticana. En la imaginación política de las élites
católicas cubanas, la firma de un Concordato sería el estado cualitativo
superior para el "pleno ejercicio de la libertad religiosa". Para los
actores eclesiales, este debería asegurar, más allá de las garantías
para el culto, los dos principales anhelos de la institución en la Isla:
el acceso pleno a los medios de comunicación masiva y al sistema de
educación. Vale la pena aclarar que la Iglesia católica en Cuba
desempeña una multiplicidad de roles y funciones en la sociedad cubana,
que desbordan los elementos del culto, y que en la actualidad le
garantizan una libertad de acción sin precedentes luego de 1959. También
es justo decir que otros actores sociales (no religiosos) cubanos no
poseen márgenes de acción y prerrogativas tan amplias como la Iglesia
católica y otras instituciones religiosas.
La Iglesia gestiona, para bien del pueblo, muchos centros de formación
complementaria, publicaciones reconocidas, centros de atención a
personas discapacitadas y de la tercera edad, bibliotecas y centros
culturales, etc. La existencia de esta actividad "extra-cultual", que es
un derecho inalienable de la Iglesia en cualquier punto del orbe, ha
sido "naturalizada" gracias a una práctica política gubernamental que
(en este ámbito) ha sido muy inteligente, flexible y procuradora de
sinergias y consensos.
Máxime si —y lo digo con toda la franqueza que se impone— ambas partes
(gobierno revolucionario e Iglesia cubana) "hicieron armas" en un gran
conflicto nacional, entre 1960 y 1965, que arrojó miles de presos
políticos y centenares de muertos y desaparecidos. Esta etapa de nuestra
historia constituye una herida aun no cerrada y, además, poco estudiada
por la historiografía nacional. Solo recuerdo a los lectores los
planteamientos realizados por el presidente Raúl Castro y por monseñor
Carlos Manuel de Céspedes en el contexto de la visita del papa Benedicto
XVI a la Isla en 2012: los dos llegaron a afirmar que "desde ambas
partes se habían cometido errores". La repartición de la culpa 50/50
desató una tormenta de comentarios contra ambos —desde determinados
círculos eclesiales y del gobierno— que tal parecía que aún nos
encontrábamos en plena década de los 60, en medio del conflicto. Un
potencial Concordato entre la Iglesia y el Estado en Cuba no debería ser
visto como "el restablecimiento de derechos conculcados"; sino, más
bien, un punto de llegada, luego de varios años de entendimientos entre
la Iglesia y el Estado, beneficiosos para la nación cubana.
Más allá de los supuestos beneficios que podría acarrearle a la Iglesia
(y a Cuba) la firma de un Concordato entre el gobierno y la Santa Sede,
¿para qué podría servirnos este supuesto "acontecimiento" de cara a toda
la nación? ¿Cómo debería re-ordenarse legalmente el "cosmos" religioso,
cuando los caminos cubanos hacia el futuro pasarán (irremediablemente)
por debates y reformulaciones constitucionales? ¿Sería factible una Ley
de Cultos como marco para todos? ¿O sería más operativo gestar acuerdos
particulares con las diversas religiones? ¿Qué implica ser un Estado
laico en el siglo XXI? ¿Cómo garantizar el acceso equitativo de todo el
espectro socio- religioso a los espacios públicos de la nación? ¿Cómo
defender y garantizar los derechos de las religiones sin una sólida
institucionalidad (como sucede con las religiones afrocubanas)? ¿Deben
las diversas religiones tener espacios para culto y para opinión en los
medios masivos de comunicación del país? Estas son solo algunas
preguntas relacionadas con el tema. Podríamos hacer muchas otras. Quiero
yo hacer referencia a la última pregunta, relacionada con el acceso de
actores religiosos a los medios de comunicación nacionales.
II
Creo que las condiciones se hacen propicias para que el sistema
institucional de medios de comunicación —que ha estado bajo el control
del Partido Comunista de Cuba (PCC)— evolucione hacia un auténtico
sistema de medios públicos. Igualmente, sería ideal que el Estado cubano
fuese capaz de garantizar el acceso ordenado y paritario de todos los
actores sociales y políticos de la nación a dichos medios de
comunicación masiva. En este contexto, la posibilidad de que se
establezca una presencia regular, mediante espacios fijos, para las
instituciones religiosas en los medios masivos del país resultaría un
gesto de inclusión social significativo. Creo que las condiciones
objetivas y subjetivas para este paso están dadas.
No se trata de un área desde la cual se parta de cero, pues desde la
visita del papa Juan Pablo II a Cuba, en 1998, comenzó un proceso
paulatino que abrió ciertas puertas al mundo religioso a la televisión y
la radio nacionales. Con el tiempo, dichos espacios se fueron ampliando,
y llegaron a regularizarse algunos de ellos: transmisión de los
conciertos de navidad católico y protestante, transmisión del Vía Crucis
del Papa en Roma, transmisión de la ceremonia del Viernes Santo desde la
Catedral de La Habana, alocuciones de obispos católicos y clérigos
protestantes de las diversas denominaciones, cobertura de la visita de
líderes religiosos mundiales a la Isla, etc. También, en provincias, se
permitieron algunas horas de transmisión radial para programas
religiosos. Se ha tratado de una política que ha ido siempre "a más",
pero que podría "ordenarse" mejor en cuanto a distribución de contenidos
y regularización de espacios. A todo lo anterior tenemos que sumar los
medios de comunicación institucionales o "privados" de las diferentes
denominaciones religiosas.
Creo que un principio rector que debería ordenar este proceso debería
ser que el Estado cubano garantizase el acceso paritario de todas las
religiones al sistema de medios públicos. El asunto en si resulta
complejo, pues los actores religiosos se han multiplicado
exponencialmente en la Isla (pensemos en el creciente proceso de
"pentecostalización" del cristianismo, por solo poner un ejemplo) y,
además, existen otros entes poco jerarquizados e institucionalizados a
los cuales les sería complicado asumir, material y organizativamente, la
preparación de un programa de radio o de televisión.
Por ejemplo, para las denominaciones cristianas, que son las que más
conozco, una iniciativa positiva podría ser el establecimiento, en uno
de los canales de televisión nacional, de espacios fijos para la
transmisión del culto. De esta manera, católicos, bautistas,
presbiterianos, pentecostales, etc., podrían ofrecer los domingos, en
horarios diferentes, sus respectivas ceremonias religiosas por
televisión para sus fieles y para toda la ciudadanía que desee acceder a
ellas. Igual iniciativa podría tenerse en la radio nacional, donde se
podrían implementar espacios para el culto y para otros programas bajo
diversos formatos, asociados a lecturas religiosas comentadas. De estos
espacios podría desprenderse una comprensión de la persona, de su
interioridad y de la vida cotidiana sumamente importante para la Cuba
actual, en la medida que ayuda a la ciudadanía a mirar y a tratar "a los
otros" desde coordenadas nuevas.
El acceso de las diversas religiones a los medios públicos en Cuba, en
mi opinión, posee dos dimensiones: una "cultual" (a la que ya me he
referido) y otra relacionada con las opiniones que los religiosos
cubanos tienen sobre los procesos socio-político-económico-culturales
que tienen lugar en el país. Es decir, que debería también darse la
posibilidad de que los cristianos, babalawos, judíos, animistas y
espiritistas, en cuanto ciudadanos, proyecten un discurso sobre la
realidad en la que viven: opinen sobre ella y contribuyan, desde sus
respectivas espiritualidades, a iluminarla. Estos podrían compartir
espacios de análisis político y de opinión en la televisión nacional,
junto a no creyentes. O participar de columnas de opinión en los diarios
de tirada nacional. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes ocupó la columna
católica del periódico El Mundo hasta el cierre de este medio de prensa,
y desde sus páginas no solo se dedicó a opinar sobre la marcha del
Concilio Vaticano II, sino que también polemizó con Aurelio Alonso sobre
asuntos bien terrenales. Cuba también necesita que sus religiosos opinen
sobre asuntos terrenales.
III
No creo que nadie, que sea defensor de una sana laicidad del Estado,
pueda rechazar radicalmente las propuestas realizadas en el acápite
anterior. Sin embargo, sería cuasi infantil de mi parte, no
problematizar las propuestas realizadas y contextualizarlas en el
escenario cubano: que no es otro que el de un modelo sociopolítico en
fase transicional, donde la confrontación entre adversarios aún está a
la carta del día, y donde la dimensión religiosa ha intentado ser
utilizada para la promoción de un "tipo" muy específico de transición en
la Isla. Lo que afirmo anteriormente lo han demostrado los hechos: va
más allá de mis preferencias personales. Intentar deslindar el análisis
en esta área de su dimensión política, sería como convertir estas
cuartillas en papilla para niños. Entonces, ¿qué hacer ante esta
disyuntiva? Creo que tanto el gobierno cubano como las denominaciones
religiosas deben asumir esta nueva etapa construyendo unos marcos de
honestidad, transparencia y respeto, sin los cuales sería imposible
avanzar hacia un escalón cualitativamente superior.
Creo que el Estado debería velar porque los espacios que se entreguen
sean gestionados genuinamente por religiosos, y no por actores externos
que asuman su conducción a cambio de un salario. Por ejemplo, si una
iglesia cristiana dispusiera de un programa radial, este debería ser
gestionado por actores clericales y laicales nacionales. Estos
"gestores" deberían ser creyentes "probados" o "clásicos" en dichas
denominaciones. Primera cosa: creo que las voces religiosas en la radio,
la prensa y la televisión (referidas al área de culto) deben
corresponder a personas de nacionalidad cubana de probada pertenencia a
sus respectivas comunidades. Sus proyecciones públicas deben ser
respetuosas de todos los miembros de la comunidad nacional; deben ser
voces plurales, pero que hablen de Cuba y para Cuba. Sin que ello
imposibilite la presencia de nacionales que viven fuera de nuestras
fronteras geográficas.
En segundo lugar, a los espacios de opinión socio-político-cultural
gestionados por religiosos cubanos, deberían poder asistir personas de
todos los credos e ideologías. Es bueno el contraste de visiones. Sin
embargo, para estos deberían existir otros espacios en los medios
públicos; en los espacios para los religiosos deberían ser asumidos
preponderantemente los criterios y visiones emanados de sus respectivas
doctrinas o creencias. Este elemento adosa a la cuestión una complejidad
añadida, pues el diapasón de "visiones" dentro de una misma institución
religiosa en torno a cuestiones seculares (piénsese, por ejemplo, en el
catolicismo y en tópicos problemáticos como el aborto, los métodos
anticonceptivos y la homosexualidad, etc.) podría ser de una dimensión
amplísima; donde, por lo general, unos actores son más cercanos que
otros a los intereses y las agendas promovidas por las jerarquías
locales. ¿Cómo actuar en estos casos? ¿Las voces que serían "colocadas"
en esos espacios mediáticos deben ser designadas por las jerarquías
religiosas? Creo que el Estado debería garantizar el acceso de toda la
pluralidad posible de voces presentes dentro de un mismo espectro religioso.
Epílogo
Asumir el paso de dar un acceso equitativo y permanente a las diferentes
denominaciones religiosas presentes en Cuba a los medios de
comunicación, además de ser un acto de justicia e inclusión social,
despejaría definitivamente el "fantasma" que coloca sobre los hombros
del Estado cubano una presunta falta "de libertad religiosa en el país".
Además, abriría las puertas para que las diferentes comunidades
religiosas muestren, realmente, sus verdaderas potencialidades para
interpelar a todos los cubanos, y para también dejarse interpelar ellas
por los anhelos de nuestra sociedad.
Texto aparecido en Cuba posible. Se reproduce con la autorización del autor.

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