Avanza la demanda de un abogado disidente contra el Ministerio de Justicia
La ministra del ramo ha nombrado a dos abogados del Ministerio para su
defensa
Redacción CE, Madrid | 01/09/2010
Un abogado disidente cubano ha ganado las etapas iniciales de una
demanda contra el Ministerio de Justicia, en una pequeña pero inusual
victoria jurídica en un país donde los tribunales siguen fielmente la
línea del Gobierno, informa el diario de Miami El Nuevo Herald.
Un tribunal de La Habana aceptó considerar la demanda de Wilfredo
Vallín, que busca reconocimiento oficial para su grupo de abogados
independientes, y ordenó al Ministerio que se defienda.
"No tengo una expectativa muy grande con esto, porque yo sé como son las
cosas en Cuba, pero nuestra victoria ha sido bastante rara, bastante
insólita", dijo Vallín, de 62 años.
"Aceptar una demanda contra un ministerio es algo extraordinario. Eso
nunca había pasado", dijo Camilo Loret de Mola, un abogado habanero que
ahora vive en Miami.
El sistema jurídico cubano se basa en la llamada "legalidad socialista",
que plantea que el papel de la ley es promover la estabilidad y el
desarrollo de una sociedad socialista.
Los jueces y fiscales siguen la línea política del gobierno comunista,
desestiman con frecuencia apelaciones de decisiones oficiales y los
disidentes que llevan a juicio son hallados culpables casi
automáticamente, dijo Loret de Mola.
Los abogados deben trabajar para el gobierno o bufetes colectivos,
aprobados por el gobierno, agregó, y cualquier abogado que pase mucho
tiempo defendiendo a disidentes puede verse sin trabajo.
Pero todos esos obstáculos no amilanaron a la Asociación Jurídica
Cubana, un grupo de unos 30 abogados creado en el 2008 para ofrecer
asesoría jurídica independiente sin fines de lucro, generalmente a
críticos del gobierno.
En abril de 2009, Vallín, líder de la Asociación y graduado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1992, dio el
primer paso necesario para inscribir el grupo.
Como miembro de la Asociación, solicitó al Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior que certificara que ningún otro grupo estaba
inscrito con el mismo nombre. Si la respuesta hubiera sido que no,
entonces podría solicitar la inscripción oficial.
Pero el Registro nunca le contestó, como tampoco ha contestado docenas
de solicitudes similares de grupos independientes y de disidentes que
han pedido inscribirse, de hecho obligándolos a infringir una ley contra
"asociaciones ilícitas".
El disidente Héctor Palacios recuerda haber tratado de inscribir por lo
menos ocho grupos a partir de 1998, desde partidos políticos hasta una
asociación de bibliotecas independientes. Nunca le contestaron.
"Algunas veces se molestaban y se negaban a recibir nuestras
solicitudes", declaró Palacios a El Nuevo Herald por teléfono desde La
Habana.
Pero Vallín no se dio por vencido. Presentó una segunda solicitud ante
el Registro y después de que no le contestaron otra vez, apeló a la
ministra de Justicia, María Esther Reus González. Tampoco le contestó.
Entonces presentó una demanda ante la Segunda Cámara de Ley Civil
Administrativa y Laboral del Tribunal Provincial de la Ciudad de La
Habana, alegando que la ley le da a cualquier ciudadano cubano el
derecho a exigir una respuesta del Ministerio.
En su primera sorpresa, el tribunal aceptó la queja de Vallín
oficialmente el 29 de junio. Los tribunales cubanos por lo general
rechazan demandas por parte de grupos disidentes e independientes por
razones técnicas, dijo Loret de Mola.
Y el 28 de julio, un panel de tres jueces ordenó a Reus González que
nombrara abogados para presentarse en el caso a nombre del Ministerio de
Justicia, otra sorpresa. La ministra nombró a dos abogados del
ministerio, Diego Fernández Cañizares Abeledo y Nelia Caridad Aguado
López, el 6 de agosto.
Cañizares presentó una declaración cuatro días más tarde en que calificó
la demanda de "desatinada" y expresó que el Ministerio no podía
encontrar ningún documento de la solicitud de Vallín al Registro o las
apelaciones a la ministra de Justicia.
El tribunal no ha fijado fecha para emitir un fallo, aunque Vallín dijo
que tiene pocas dudas de que al final perderá. "El gobierno aquí puede
hacer lo que quiera", dijo por teléfono desde La Habana.
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