El Gobierno toma medidas contra la violencia, pero no prevé extremismos y arbitrariedades

El Gobierno toma medidas contra la violencia, pero no prevé extremismos
y arbitrariedades
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ | La Habana | 6 Jun 2015 - 8:27 pm.

Incluyen el procesamiento judicial de personas detenidas por portar
cualquier tipo de arma blanca, hayan cometido o no un delito.

La creciente violencia en espacios públicos y privados en la Isla ha
llevado al Ministerio del Interior (MININT) a circular una disposición
que establece medidas de respuesta, pero no prevé extremos y
arbitrariedades.

Sin detenerse en circunstancias y singularidades, la disposición ordena
que todo ciudadano a quien se le ocupe cualquier tipo de arma blanca en
la vía pública sea detenido para su procesamiento judicial bajo el
Artículo 214 del Código Penal, que implica "sanción de tres meses a un
año de privación de libertad", informaron policías que tuvieron acceso
al documento y afectados.

La medida, que no establece diferenciación entre quienes hayan cometido
un delito y quienes solo porten el objeto, no ha sido difundida por la
prensa oficial, lo que impide conocer el momento en que se hizo
efectiva. Los medios del Gobierno tampoco suelen informar sobre hechos
violentos.

Oficiales de dos estaciones policiales en La Habana dijeron que la orden
emitida por la jefatura del MININT establece el arresto "para el
procesamiento e instrucción del expediente", y que el ciudadano
permanezca "detenido, bajo excepcionales aprobados bajo fianza, hasta su
presentación ante el tribunal municipal correspondiente".

La abogada González Masens, consultada sobre el tema, señaló que ninguna
medida, "aún suponiendo beneficio y sostén del orden, puede prestarse a
interpretaciones varias o al desconocimiento público".

"Ello solo conduce en última instancia al perjuicio del conjunto
social", indicó la abogada, con casi 30 años de ejercicio.

Un oficial encargado de identificar y registrar a los detenidos —tomar
datos fisionómicos, fotografía y huellas dactilares— en una estación de
policía, dijo entender que la orden "deja poco espacio para que el
ciudadano presente pruebas a su favor al momento de llegar a la unidad
conducido por el patrullero".

"A mi criterio personal, a más de la mitad de los que he registrado en
la base de datos por estos días no les hubiese hecho proceso de
instrucción de expediente para los tribunales. Eran trabajadores, varios
incluso profesionales. Una multa o un acta de compromiso deberían bastar
en algunos casos", afirmó.

"Claro, también se debe entender la presión que tenemos nosotros, porque
la medida está emitida por la jefatura del Ministerio, exigiendo
resultados (…) La primera indicación en el proceso, es que quien acusa
es el patrullero o el agente que intercepta al sospechoso en la vía
pública", explicó.

'Justos por pecadores'

Un cuentapropista a quien el tribunal impusiera como sanción una multa
de 1.000 pesos señaló puntos que podrían propiciar arbitrariedad y que
coincidieron con los testimonios de otros familiares de enjuiciados por
situaciones similares.

"Me interceptó un patrullero, ya de noche, en una zona que jamás conocí
como de alto riesgo en nada. Me pidieron en buena onda, además de la
identificación, chequear las cosas que llevaba en mi mochila y accedí.
Les mostré todo, incluyendo mi carnet de cuentapropista y mi
sevillanita, de cuatro pulgadas, que te compras como souvenir en
cualquier rincón del planeta", relató.

"Notificaron por la radio este detalle y escuché que debían conducirme a
la estación. Me incomodé un poco, pero igual creí que se resolvería en
la unidad, pues no era nada del otro mundo y yo voy sin susto y correcto
por la vida", agregó el trabajador.

"En la estación, el patrullero me pidió que firmara el acta de
acusación. Ante mi asombro, me explicó que aquello era parte de las
indicaciones de la jefatura. Como leí en el acta que la sevillanita yo
'la había mostrado voluntariamente y que estaba dentro de la mochila',
decidí firmar", continuó.

Indicó que, 20 minutos más tarde, otra oficial le dio a firmar otro
documento, en el cual aparecía "el delito de posesión de arma blanca", y
le pidió "que la siguiera a los calabozos".

"Reclamé mi derecho a exponer los hechos y me respondió que eso sería
ante el instructor del caso en la mañana. Al menos me permitió hacer una
llamada a mi casa y explicarle a mi familia, en tres minutos, la
situación", contó el cuentapropista.

Señaló que, gracias a las peticiones de sus familiares al superior de la
estación, no tuvo que permanecer detenido hasta el día del juicio.
"Accedieron a ponerme una fianza de 1.000 pesos, y fue allí que supe
sobre la 'circular'. Me ayudó no haber tenido antecedentes penales".

Marta Milanés Pozo, madre de otro encausado, maestra jubilada y
residente en Altahabana, reconoció que la violencia que hoy es notoria
en muchos barrios de la Isla "requiere, con urgencia, la adecuación de
leyes que devuelvan algo de paz".

"Embil, Aldabó y Miraflores, barrios colindantes con el nuestro, se han
convertido en verdaderas zonas de guerra", dijo la mujer. "No creí que
fuese posible dentro del proyecto social que prometió seguridad para ver
crecer a nuestros hijos y nietos", añadió.

"Pero no puede suceder que para ello paguen justos por pecadores, ni
tampoco obviar qué persona es, las circunstancias, su integración",
opinó Milanés Pozo.

"Me enteré hoy mismo sobre esta medida y de que mi hijo cargaba un arma
blanca para su protección", aseguró. "Él decidió, es cierto, portar un
arma… pero el Gobierno decidió desproteger las calles".

'Generación masiva de antecedentes penales'

Solangel Fiallo, socióloga fundadora del Taller de Transformación
Integral (TTI) de la comunidad donde reside, el barrio Atarés, y
familiar de un procesado, cuestionó la medida.

"Es un hecho irrefutable que existen niveles alarmantes de violencia
dentro de las comunidades" e incluso en "escuelas, los centros de
recreación y deporte", pero también "es cuestionable el desconocimiento
total de la población sobre la existencia de esta medida que además
nadie sabe si llegó para quedarse", dijo.

"La comunidad es quien primero sufre los efectos de la violencia y, por
derecho, le corresponde conocer toda decisión o proyecto que suponga la
solución del problema", añadió la socióloga, con formación en psicología.

Calificó de "acertado que la decisión de la sentencia sea potestad de
los Tribunales Municipales, en tanto son instituciones cercanas a la
comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo ello supone que el MININT evade
la responsabilidad de la prevención del delito".

Advirtió que, "paradójicamente, queda en sus manos (del Ministerio), de
un modo preocupante, decidir cuál ciudadano aplica o no para instruirle
un expediente judicial y presentarlo ante un tribunal".

Para Fiallo, la medida podría llevar a que entraran a funcionar los
extendidos "criterios racistas, una deuda pendiente de la Policía,
encargada al fin y al cabo de interceptar al ciudadano e interpretar las
circunstancias respecto a la ocupación de un arma blanca".

Alertó además sobre otra consecuencia, una "generación masiva de
antecedentes penales", sobre todo para la población masculina.

Reynaldo Falcón y Leonel Rodríguez, observadores y activistas de los
derechos y las libertades civiles en el barrio El Canal, mencionaron el
caso de un escritor al que se le ocupó "una cuchilla multiuso". Fue
arrestado, le fue abierto un expediente delictivo y deberá comparecer
ante un tribunal, dijeron.

"Esta disposición que hoy instrumenta el Ministro del Interior, en su
tardía reacción ante una violencia que supera, evidentemente, la
capacidad de respuesta de las instituciones del Gobierno, desprecia lo
establecido por la ley", opinaron los activistas.

Recordaron que el Artículo 214, del capítulo X del Código Penal,
referente a la portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, indica
que "el que porte o tenga en su poder un puñal, una navaja, un punzón,
un cuchillo o cualquier instrumento cortante, punzante o contundente",
incurrirá en "sanción de privación de libertad" cuando "las
circunstancias de la ocupación evidencien que está destinado a la
comisión de un delito o a la realización de cualquier acto antisocial".

Source: El Gobierno toma medidas contra la violencia, pero no prevé
extremismos y arbitrariedades | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1433618821_15020.html