Con Castro y con Curbelo

Con Castro y con Curbelo
El representante federal Carlos Curbelo quiere cambiar la Ley de Ajuste
Cubano, pero por razones equivocadas
Alejandro Armengol, Miami | 12/05/2015 12:40 pm

Curiosos los extremos. Nunca como ahora han coincidido los discursos de
la extrema derecha de Miami y la extrema izquierda de La Habana. Más
allá de la vocación totalitaria, hay una actitud común: el desprecio a
la inteligencia y la arrogancia que acompaña a la mentira impune.
Con el atraso que trae el desgaste de una confrontación demasiado larga,
el representante federal Carlos Curbelo se ha apoderado de un argumento
clásico del castrismo: los que se van de la Isla lo hacen
fundamentalmente por motivos económicos, en busca de mejores trabajos y
los beneficios que otorga una sociedad desarrollada, pero sin una
motivación que los impulse a vivir en un país con mayores libertades
políticas. Curioso —de nuevo— que el argumento brote desde Miami. Pero
el representante no está solo en el empeño: desde comienzos de este año
se escuchan propuestas similares.
Curbelo propone que quienes se beneficien de la Ley de Ajuste Cubano
(CAA) se mantengan tranquilos en este país sin viajar a Cuba: "aquellos
que regresan a la Isla se enfrentarían a consecuencias: la probable
pérdida de su condición legal en Estados Unidos".
Los "anticastristas" más radicales dándole la razón al enemigo de toda
una vida. El menosprecio los hermana.
Así que en los últimos años Miami se ha llenado de inmigrantes
económicos, que solo se interesan por llenar su barriga y las de sus
familiares. ¿Es un exiliado político alguien al cual le quitaron su
negocio durante los primeros años de la revolución? ¿Y por qué no el
otro, que no podía ganar un salario decente y satisfacer sus
necesidades, quien vino mucho después y quizá nació y creció cuando ya
no quedaban negocios de los cuales apoderarse?
Algunos padecen de añoranza totalitaria. Les gusta salir a la calle, a
tratar de recoger a cualquiera y meterlo en una celda ideológica.
Este país ha sido generoso como ninguno con los cubanos. La nación
estadounidense. No un gobierno específico, republicano o demócrata.
Varios mandatarios se han distinguido por una política migratoria más
flexible, pero el hecho de acoger a los cubanos ha sido un principio
fundamental del sistema norteamericano. Como nación y Estado, no como
gobierno.
La CAA, promulgada en 1966 durante la presidencia del demócrata Lyndon
Johnson, se fundamenta en que los cubanos no pueden ser deportados, ya
que el gobierno de La Habana no los admite, que en cualquier caso
estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no existe un gobierno
democrático. Ningún refugiado que visita a la familia que dejó atrás
pone en peligro la ley. Cualquier amenaza al respecto no es más que un
vulgar chantaje.
La abolición de esta ley es el reclamo preferido y constante de los
funcionarios cubanos.
Durante demasiadas décadas, la política del gobierno norteamericano
hacia la Isla se limitó a la inmovilidad en sus rasgos fundamentales y a
la retórica de campaña en su superficie. En diciembre del pasado año el
presidente Barack Obama rompió con esa inercia.
Durante todo el estancamiento, la inmovilidad de Washington no impidió
que se produjera una transformación, tanto de la situación migratoria en
lo que respecta a las leyes establecidas por La Habana, como a la
valoración y significado del inmigrante cubano, desde el perseguido
político hasta la figura del "balsero".
En primer lugar se debe destacar el cambio en la representación del
inmigrante cubano, una simbología que ha evolucionado del mito del
héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano; de la epopeya de
enfrentar la Corriente del Golfo en débiles embarcaciones —o en muchos
casos incluso en simulacros de embarcaciones— a los guardafronteras
persiguiendo las lanchas rápidas. Aunque la tragedia no deja de estar
presente, la entrada ilegal de cubanos ha perdido su justificación
política, vista ahora en el mejor de los casos como un drama familiar.
Sin embargo, el cambio mayor ha ocurrido en la imagen del exiliado
cubano, quien de expatriado que, después de persecución y miles de
dificultades, llegaba a "tierras de libertad" en Estados Unidos, ha
pasado a ser considerado —por la parte más tradicional de esa comunidad
exiliada— en algo cercano a un "colaborador" del régimen de La Habana,
si no en lo político al menos en lo económico.
"Somos conscientes de los abusos de la Ley de Ajuste Cubano y estamos
buscando medidas para asegurar que solo aquellos que huyen de la
opresión en Cuba puedan aprovechar sus ventajas", dijo Curbelo en una
declaración facilitada por su oficina.
El legislador señala un punto válido, y es el hecho de que la mayoría de
quienes salen de la Isla no escapan de una persecución en el sentido
tradicional —no han estado encarcelados o acosados por motivos políticos
o por sus actividades opositoras—, pero al mismo tiempo elude una
realidad que lo lleva a contradecirse no solo en ideología sino también
en razón de ser política: quienes salen de un régimen totalitario
siempre escapan de la opresión, así que la distinción que él quiere
establecer ("solo aquellos") se contradice con los ideales que
supuestamente propugna.
Curberlo, por otra parte, no es el único político dedicado al empeño de
transformar la CAA.
En enero de este año, la Comisión del Condado Miami-Dade acordó
unánimemente pedir al Congreso que revise la medida que permite a los
cubanos, a diferencia de cualquier otro extranjero, solicitar la
residencia en EEUU un año y un día después de su llegada.
Lo que llama la atención es que tanto la comisión condal como el
legislador Curbelo comparten puntos de vista comunes con La Habana.
"Lo extraño es que solamente una nacionalidad en el mundo reciba un
tratamiento preferente, un tratamiento excepcional que ningún otro
ciudadano del mundo recibe", señaló Josefina Vidal, directora de Estados
Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, al referirse a la CAA.
La funcionaria, que ha encabezado la delegación de la Isla en los
recientes encuentros entre Cuba y EEUU, ha insistido en que la ley va en
contra "de la letra" de los acuerdos migratorios firmados en 1994.
Desde hace años el régimen de La Habana viene pidiendo la derogación de
la ley. Ahora especifican además que el gobierno del presidente Barack
Obama tiene "potestad para pronunciarse sobre cómo se pone en práctica
la medida", lo cual es cierto.
La Habana ha vuelto a colocar sobre el tapete de las conversaciones
migratorias el tema de la CAA —lo hace siempre—, pero guiada por
conveniencia política e hipocresía, ya que en las condiciones actuales
la medida favorece económicamente al régimen. Pero además, si quisiera
resolver el asunto, comenzaría por admitir la repatriación y aceptando
los miles de cubanos "deportables" que viven en este país sin que Cuba
admita su regreso.
Para la comisión de Miami, lo que quisiera es convertir a la CAA en un
instrumento político, que lo fue en su origen pero no en sus resultados:
la ley nació a consecuencia de un gobierno dictatorial en Cuba, pero no
es un medio para pedir asilo político.
En ello también se equivoca el legislador Curbelo, cuando solicita que
los cubanos al llegar hagan una declaración formal asegurando que huyen
del país debido a la persecución política. Eso sería otra ley —la "Ley
Curbelo"—, pero la CAA no es un instrumento para la solicitud de asilo
político, para lo cual existen otros procedimientos, ni se pregunta al
solicitante si es un perseguido del régimen. El único requisito es ser
cubano. Ello basta.
Así que nadie "abusa" de la ley cuando viaja a Cuba, luego de obtener la
residencia, o enviando dinero a la Isla. Tampoco es culpa de la CAA si
hay estafas al Medicare, que por cierto han existido desde mucho antes
que los ahora llamados "inmigrantes económicos" comenzaran a llegar.
El asunto es más simple. Lo que hay detrás de la propuesta de Curbelo y
la petición ridícula de los comisionados del condado Miami-Dade —la
comisión no tiene autoridad sobre la política exterior del país— es una
cuestión electoral.
Los codiciados votos pueden llegar de dos vías. Por una parte aprobando
una petición que no implica grandes planes, cuentas a rendir o necesidad
de un resultado tangible. Eso es lo que hizo la comisión condal. Por la
otra, buscando publicidad con una propuesta que en su aparente
formulación actual carece de futuro (lo cual no implica que en cualquier
momento el Congreso no lleve a cabo una revisión seria de la CAA, que en
última instancia depende por completo en su puesta en práctica del
secretario de Justicia). Esto último es lo que ha hecho Curbelo.
Cientos de votantes en Miami se sentirán satisfechos con ambas
peticiones —desde el punto de vista emocional— y sabrán una vez más que
los políticos que eligieron comparten sus puntos de vista y están
dispuestos a que sus voces se escuchen en Washington. Y también en La
Habana, o desde La Habana.
De esta manera, tanto los comisionados condales como el legislador ponen
otro grano de arena para la reelección, aunque no lo dediquen a
construir casas, caminos y escuelas. Pero además, un cambio de la ley
que aleje el proceso de naturalización de estos nuevos inmigrantes
también podría alejar el peligro de nuevos electores, que no votaran
precisamente por ellos. Al final, todo se limita a un problema de urnas,
y no precisamente funerarias o religiosas.

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