Monday, November 12, 2012

Justicia!?

¿¡Justicia!?
Lunes, Noviembre 12, 2012 | Por René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Veamos los problemas
confrontados con la carta certificada número 01478593500, impuesta en
Guantánamo el 20 de julio. No ha sido entregada ni devuelta en más de
tres meses, no obstante las gestiones hechas y a pesar de no conocerse
de alguna catástrofe que pudiera explicar su desaparición.

Aclaro que, como el remitente fue mi colega Roberto de Jesús Quiñones
Haces y el destinatario era yo mismo, me inclino a situar la
responsabilidad central del extravío no en el Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones, sino en el del Interior. Por aquello
de piensa mal y acertarás, opinaré, mientras no me demuestren lo
contrario, que en este asunto está la oscura mano de la policía política
castrista.

Supongo que el contenido de la misiva no podría ser calificado de
subversivo, pero ya se sabe que la Seguridad del Estado tiene ideas
curiosas al respecto. Se trataba de algunos papeles referentes a la
patraña judicial perpetrada en Guantánamo contra el referido jurista,
poeta y periodista independiente. En cualquier caso, recibí por otra vía
una nueva copia de esa documentación, de modo que puedo escribir sobre
el particular.

El affaire de Quiñones —al igual que el de Lázaro Giraldo Godínez en
Pinar del Río— provoca asombro, aturdimiento y repugnancia. Ambos eran
—a no dudarlo— los abogados más competentes y solicitados en sus
respectivas provincias. Pero la lealtad con que representaban a sus
clientes no era bien vista por los jerarcas locales del sector jurídico;
esto bastó para convertirlos en objetivos a golpear.

Del elevado desempeño profesional del primero puedo dar fe, pues por las
fechas en que él ejercía, yo trabajaba en el Bufete Especializado en
Recursos de Casación, y tuve que sostener ante el Tribunal Supremo miles
de promociones de ese tipo enviadas por letrados de todo el país. Entre
ellas descollaban, por su depurada técnica jurídica, las del colega
guantanamero.

A Roberto de Jesús le urdieron una causa penal cuyos costurones son
evidentes para cualquiera que intente analizar su caso con un mínimo de
objetividad, pese a lo cual su solicitud de revisión fue rechazada. Aquí
entra en funciones la papelería que la Seguridad del Estado intentó
impedir que llegara a mis manos. Veamos algunos botones de muestra.

La instrucción, en lugar de los 60 días que marca la Ley, tardó 180. Las
imputaciones ventiladas en el juicio no tuvieron nada que ver con los
cargos por los que se le instruyó. Además, acusaron a Quiñones de unos
hechos y lo sancionaron por otros distintos. Se sustrajeron del sumario
dos declaraciones suyas; esto fue denunciado al Tribunal, que no hizo
nada al respecto.

En vísperas del juicio, la fiscal actuante citó a todos los testigos de
cargo para indicarles cómo debían deponer. Entre éstos había personas
que habían dispuesto ilegalmente de viviendas, pero a las que no acusó a
cambio de que declararan contra el jurista imputado. No fueron oídas las
personas propuestas por éste.

Dos de las principales testigos de cargo mantenían relaciones con sendos
oficiales de la policía política. Otro de éstos intentó coaccionar al
ciudadano Dennis Coello, desempolvando un viejo expediente en que se le
acusaba de hurto y ofreciéndole rearchivarlo a cambio de que depusiese
falsamente contra Quiñones.

La causa fue sobreseída con respecto a otro jurista, contra el que sí
existían pruebas; ¡oh casualidad!, se trataba del hermano de una fiscal
provincial. Fue Roberto de Jesús el único implicado a quien se le
mantuvo en prisión provisional. Lo sancionaron como supuesto autor de
una falsificación de documento público, pese a haberse reconocido que él
no tenía acceso al cuño indispensable para la confección del escrito
espurio.

Como mi propósito no es abrumar al lector, basta con los graves vicios
señalados. Conviene aclarar que la persecución no cesó ahí. Tras
permanecer injustamente preso durante más de cuatro años, Quiñones, para
poder volver a ejercer la abogacía, solicitó su reingreso en los bufetes
colectivos. La solicitud fue denegada, pero lo asombroso —tratándose de
juristas— es que, para justificar la negativa, le aplicaron con carácter
retroactivo un acuerdo dictado después de formular él su petición.

Una frase popular reza: A veces, lo que sucede conviene. Armados con esa
filosofía, podemos congratularnos de que los jerarcas castristas hayan
rechazado el pedido de nuestro colega. Gracias a su arbitrariedad, todos
los que seguimos las publicaciones de Cubanet tenemos la oportunidad de
leer los enjundiosos artículos de Roberto de Jesús.

Pero no puedo dejar de pensar en que si tanto atropello lo sufrió un
abogado a manos de sus colegas graduados en derecho, ¿qué podrán esperar
las decenas de miles de ciudadanos comunes que han sido marcados por los
agentes represivos del régimen para poblar las innumerables cárceles del
castrismo!

http://www.cubanet.org/articulos/%c2%bf%c2%a1justicia/

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