Policías y corruptos

Publicado el lunes, 11.07.11

Policías y corruptos
Alejandro Armengol

Esta semana se celebrará en Cuba el V Encuentro Internacional sobre la
sociedad y sus retos frente a la corrupción. Participarán especialistas
de 20 países e incluso expertos estadounidenses del Fondo Monetario
Internacional, una organización que, por otra parte, nunca ha gozado de
la simpatía del gobierno cubano, especialmente de Fidel Castro.

Al evento asistirán más de 350 jueces, abogados, fiscales, procuradores,
auditores, economistas, expertos en finanzas, politólogos, asesores
jurídicos, profesores y estudiantes de derecho.

Puede parecer un esfuerzo encomiable, pero es un acto fútil. Para tratar
el fenómeno de la corrupción en Cuba lo que hace falta no es una reunión
de expertos sino una redada policial.

El gobierno del presidente Raúl Castro ha declarado que la lucha contra
la corrupción es una de sus prioridades más importantes y ya se han
celebrado encausamientos o se llevan a cabo investigaciones que han
destapado algunos escándalos muy notables. La Contraloría General de la
República –creada por Raúl Castro, y en cuya comisión desempeña un papel
fundamental su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín– desempeña un
papel cada vez más significativo en la sociedad cubana.

Hay sin embargo una cuestión fundamental, que no será debatida en el
foro ni figurará en documento alguno. En Cuba la lucha contra la
corrupción es una cuestión policial, no un problema moral ni educativo.
No importa que se celebre un encuentro internacional o se lleve a cabo
algún tipo de campaña. Lo determinante es que un agente fiscal no logre
echarle el guante al administrador que roba o al ministro que trafica.
Se dirá que lo mismo ocurre en todas partes, comenzando por Miami, pero
hay una diferencia importante: la corrupción en la isla está extendida a
todos los niveles –desde el simple trasiego callejero hasta las empresas
mixtas y las inversiones internacionales– y las fronteras entre lo
ilegal y lo permisible son porosas, cambiantes y determinadas en muchas
ocasiones por factores políticos y hasta de vínculos familiares.

Es decir, que durante varias décadas se han confundido las prácticas
corruptas con los privilegios inherentes al cargo. Y aunque el gobierno
de Raúl Castro ha tratado de imponer cierto "orden", no ha podido
desterrar ciertas prácticas, actitudes y situaciones porque son típicas
de un régimen totalitario.

No es que la corrupción sea un fenómeno endémico del totalitarismo
cubano. Corrupción ha existido en la isla desde la época colonial. Fue
una de las justificaciones mayores de las luchas independentistas y
continuó con la independencia. Lo que ha caracterizado a este fenómeno
durante el gobierno de los hermanos Castro ha sido su estructura
piramidal y la censura a las denuncias contra los corruptos, por las
implicaciones políticas de los casos. Así, tanto Fidel Castro como su
hermano se han reservado para ellos el papel de fiscales.

Cierto que ahora Raúl Castro ha dado pasos de avance en la organización
de un frente anticorrupción. Sin embargo –y los peros y los sin embargos
son inevitables cuando se trata de sistemas totalitarios, no es
pesimismo sino simple precaución–, cabe preguntarse si esta lucha contra
el delito no implica o encubre otro tipo de represión.

Hay otra disidencia en Cuba y los hermanos Castro siempre lo han tenido
muy presente. No son hombres y mujeres valientes. No desafían el poder,
porque forman parte del mismo. No gritan verdades, ya que se ocultan en
la mentira. Ni siquiera se mueven en las sombras. Habitan en el engaño.

Son los miles de funcionarios menores –y algunos no tan menores– que
desde hace años desean un cambio nacional, pero al mismo tiempo lo temen
y son incapaces de producirlo.

Quieren que todo cambie, pero que al mismo tiempo ellos sigan iguales.
Nunca han distinguido sus privilegios del robo institucional, la
prebenda o la corrupción en su forma más descarnada. Ni tampoco les ha
interesado. Ahora están en la mirilla y ellos lo saben.

No se trata de apostar por ellos para el futuro del país, y en la
mayoría de los casos son fuerzas retrógradas. Nada de esto impide que
potencialmente constituyan una tendencia antigubernamental o más bien
contrarrevolucionaria, en una de las tantas acepciones del término.
Desde el punto de vista represivo, atacarlos, enjuiciarlos, hacerles
entrar por el aro –en fin, meterles miedo– no deja de ser un ejercicio
preventivo muy saludable en tiempo de crisis. Este es, en última
instancia, un componente esencial de la lucha contra la corrupción en
Cuba. Para ello no hacen falta juristas ni profesores. Basta entrenar a
unos cuantos en el uso de la fuerza.

http://www.elnuevoherald.com/2011/11/07/1059321/alejandro-armengol-policias-y.html